Decreto no resuelve incertidumbre sobre el cumplimiento de la consulta del Yasuní

A inicios de mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa sorprendió a los ecuatorianos con el decreto ejecutivo 257. Este creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular del Yasuní ITT (CEVP Yasuní-ITT) para cumplir con el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción del petróleo en el Bloque 43 o ITT en el área protegida, como lo ordena consulta popular realizada el 20 de agosto de 2023. Pero organizaciones ambientales, indígenas y de derechos humanos aseguran que el decreto no es más que “letra muerta” porque el documento no habla de plazos ni de presupuesto para lograr ese retiro y, con él, el fin de explotación en Yasuní. 

Este reportaje fue originalmente publicado en nuestro medio aliado Mongabay Latam

Desde que estaba en campaña, Noboa dijo estar a favor de la salida de la industria petrolera del parque Yasuní. Pasaron casi seis meses desde su posesión, y no se sabía cómo su gobierno iba a cumplir con la voluntad del 59% de los electores que votaron a favor de dejar el crudo en el subsuelo.

Nacionalidades indígenas y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos no paraban de exigir el cumplimiento de la consulta popular y el plazo de un año que dio la Corte Constitucional para el retiro completo de toda exploración y explotación en el bloque ITT. Su preocupación tenía fundamento. En una entrevista televisiva del pasado 22 de enero, el Presidente afirmó que una moratoria al cumplimiento de la consulta sería necesaria para, según él, “ganar la guerra” contra la delincuencia y el narcotráfico que el país enfrenta en este momento.

“Creo que la moratoria es un camino viable, estamos en guerra, y nosotros ya hemos logrado parar lo que se había convertido en una avalancha de violencia y destrucción […] Es esencial que esto se acompañe también con incremento de ingresos, o con alguna forma de moratoria con la cual podamos mantener ciertos ingresos. Si no luchamos y financiamos, perdemos el país”, dijo Noboa. 

Cuando le preguntaron por cuánto tiempo estaría vigente esa moratoria, respondió que “tendría que hablar con los expertos, pero la moratoria tendría que ser, por lo menos, de un año adicional [hasta agosto de 2025]”.

Luego de la polémica desatada por sus declaraciones, Noboa no volvió a referirse al tema. Aún así, quienes promovieron la consulta, constantemente trataban de poner de nuevo el asunto en la agenda pública, porque les preocupaba que el actual gobierno aplicara la misma técnica de dilación que usó el gobierno de Guillermo Lasso. La intención del expresidente quedó confirmada en unos audios que se filtraron a la prensa, en los que afirmaba que “no es posible aplicar el Sí [en referencia a la pregunta donde se consultaba a los ecuatorianos si querían dejar el crudo en el subsuelo] y vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible, por el momento no vamos a suspender nada” y añadió que “no queremos que termine la producción del bloque 43 [ITT] y no vamos a apurar ningún trámite, por ahora no”.

Desde el mismo 20 de agosto de 2023, los movimientos sociales, ambientalistas e indígenas sabían que se venía un camino lleno de obstáculos y una nueva etapa: “La de defender la voluntad popular. Sabemos que será una etapa muy difícil”, le dijo Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos, a Mongabay Latam en septiembre de 2023.

Las dudas y críticas que deja el decreto

El comité creado en mayo de 2024 por el presidente Noboa tiene como misión “coordinar y establecer los mecanismos, lineamientos y acciones que se ejecutarán para cumplir la voluntad popular respecto del Bloque 43”, según dice el decreto ejecutivo 257.

Este nuevo órgano estará conformado por la máxima autoridad del Ministerio de Energía y Minas o su delegado permanente con rango de viceministro, quien lo presidirá. También lo integrarán la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica o su delegado; el ministro de Economía y Finanzas o su delegado; la ministra de la Mujer y Derechos Humanos o su delegado y la máxima autoridad de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador) o su delegado.

La nacionalidad indígena waorani declaró la emergencia territorial en febrero de 2024 y exigió el respeto a la voluntad popular por la defensa del Yasuní. Fotografía de la Nacionalidad Indígena Waorani del Ecuador (NAWE).

El decreto establece 12 atribuciones y responsabilidades para el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular del Yasuní ITT (CEVP Yasuni-ITT), entre las que se destacan: 

• Establecer y promover mecanismos de coordinación interinstitucional para la elaboración de un plan de acción con el que se cumplirá la voluntad popular
• Convocar a las máximas autoridades o delegados de las entidades públicas o privadas relacionadas con el ámbito de acción y objeto del CEVP Yasuni-ITT para participar con voz, pero sin voto, cuando lo considere pertinente
• Remitir el plan de acción aprobado y los informes emitidos por el CEVP Yasuni-ITT, con documentación técnica de soporte, a la Corte Constitucional del Ecuador, y 
• Monitorear mensualmente y emitir informes sobre el avance y cumplimiento del plan de acción y el cronograma establecido.

Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía y Minas de Ecuador, dice que vale la pena rescatar el hecho de que el presidente Noboa haya expedido un decreto ejecutivo, asumiendo el compromiso de cumplir con el mandato de la consulta popular del 20 de agosto de 2023. Además, cree que no hay que olvidar que durante su campaña presidencial Noboa apoyó la idea de dejar el crudo en el subsuelo e, incluso, argumentó con criterios técnicos las razones por las cuales no convenía económicamente extraer el petróleo. “Pero cuando fue electo presidente, empezó a darle largas al asunto, al punto que sugirió una moratoria”, dice Acosta.

El exministro considera que la emisión del decreto llega tarde, ya que se está muy cerca de cumplir el primer año de la consulta popular y de la orden de la Corte Constitucional para la salida de la industria. “Queda claro que va a ser muy difícil, es más, yo diría que imposible, cumplir de manera adecuada lo que el pueblo resolvió en las urnas”.

Las críticas no son solo por lo tardío del decreto, sino por lo que dice y lo que omite el documento.

Pedro Bermeo asegura que este decreto no establece ningún presupuesto para el retiro de la industria petrolera del bloque ITT, y que a pesar de hablar de un cronograma y un plan de acción, aún no existen ni se sabe cuándo deberán entregarse. “Este decreto no significa el cumplimiento formal de la voluntad popular que indica que debe haber un retiro progresivo y ordenado de toda la infraestructura petrolera construida arbitrariamente antes de que se diera la consulta popular”.

Líderes indígenas y jóvenes activistas envían un mensaje a la sociedad ecuatoriana antes de la consulta popular sobre el destino del Parque Nacional Yasuní. Fotografía de Martín Kingman | Amazon Frontlines.

Bermeo dice que el comité que ha creado el Presidente no incluye a los proponentes de la consulta. “La consulta popular del Yasuní es la primera de carácter nacional que nace desde la ciudadanía y no de un presidente o de un político. Fuimos los ciudadanos de a pie los que nos organizamos para recoger firmas en el 2013 y 2014. Es impensable que cualquier tipo de verificación de cumplimiento se haga sin los proponentes”.

En el comité creado por Noboa no se ha incluido a las organizaciones de la sociedad civil, las nacionalidades indígenas que habitan en la zona donde se extrae petróleo en el Yasuní o los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de las provincias de Orellana, Pastaza y Sucumbíos.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que participó en la promoción de la consulta popular, dice que diversos sectores del gobierno, en su intento de deslegitimar los resultados y el cumplimiento de la consulta popular, dicen que la salida de la industria petrolera es sólo un deseo de los pueblos indígenas. “Eso no es así, el 59% de la población ecuatoriana, blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros, pobres y ricos dijimos sí a la vida, sí a la selva, sí al agua y no a la contaminación”, dice Iza. También enfatiza que no se está en contra de toda la explotación petrolera sino la del bloque 43 en el parque Yasuní. “En los otros bloques debe haber una producción limpia y acabar con la corrupción”, agrega.

Para Iza, la publicación del decreto el pasado 8 de mayo es sólo una “cortina de humo” para ocultar el escándalo que tan sólo dos días antes enfrentó el gobierno de Noboa, por un vídeo publicado en la red social X que muestra cómo un grupo de trabajadores con chalecos naranja corta árboles en una zona declarada como bosque protector en Olón, una comuna en la provincia costera de Santa Elena.

Los árboles habrían sido cortados para instalar ahí el proyecto inmobiliario Echo Olón, de la empresa Vinazin S.A, donde los accionistas son Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, primera dama de Ecuador, y Daniel Patricio Correia Peñaherrera, gerente administrativo en la división naviera de corporación Noboa, propiedad de la familia del Presidente.

“El decreto 257 no pone una vincularidad directa para el Presidente de la República y deja todas las funciones al Comité. Por eso es arbitrario. El Presidente está utilizando políticamente el decreto para tapar el caso Olón”, dice Iza.

Para Acosta, el hecho de que el comité sólo tenga miembros del gabinete de Noboa deja muchas dudas. “Podrían incluso llegar a decir que sí van a cumplir, pero que se tomarán más tiempo y seguirán extrayendo petróleo”, opina. El economista agrega que el decreto puede ser una forma en la que Noboa busque blindarse ante cualquier intento de destitución en un futuro por no cumplir con el plazo de la Corte Constitucional. El presidente podría argumentar que su gobierno sí tomó medidas, “a pesar de que no existe ningún cronograma ni plan de acción”.

Interés internacional en el Parque Yasuní

La protección del Parque Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, no sólo es un asunto de interés nacional sino que ha llamado la atención de celebridades de Hollywood. El pasado 15 de mayo, el actor estadounidense Mark Ruffalo le escribió en su cuenta de X al presidente Daniel Noboa: “Por favor, protege a las madres, familias y niños del bosque del Yasuní de las peligrosas y destructivas prospecciones petrolíferas”.

Mark Ruffalo, actor estadounidense, le pidió al presidente Noboa respetar el mandato y poner fin a explotación en Yasuní. Fotografía de Flickr – Gage Skidmore.

El presidente ecuatoriano le contestó, a través de la misma red social, que su preocupación y esfuerzo por conservar el hogar de quienes viven en el Yasuní no es nuevo y le agradeció al actor por hacer visible esta lucha. Además, aseguró que “el 8 de mayo, con la firma del decreto 257, iniciamos el proceso para el retiro ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el Bloque 43. Quiero que sepan que esto es una prioridad para este gobierno”.

El actor le respondió que el pueblo Waorani del Yasuní necesita urgentemente un cronograma que informe sobre el fin de la extracción petrolera, un presupuesto y unos procesos definidos que cumplan con el mandato popular y la orden de la Corte Constitucional. “Este plan debe ser construido con la participación de los Pueblos Indígenas y debe lograrse a más tardar en agosto [de 2024]. Yasuní no puede esperar más. ¿Puede decirnos cuáles son las fechas exactas? Gracias por su compromiso”, comentó Ruffalo.

Noboa no respondió.

“El asunto es complicado, no se ha dicho la última palabra y esto va a tomar algún tiempo. Todo dependerá, sin lugar a dudas, de la presión ciudadana”, afirma Alberto Acosta.