El caso de las pruebas de covid-19 que involucra a agentes de la AMT, explicado

El caso Pruebas Covid-19 Agentes AMT investiga el delito de delincuencia organizada por la venta irregular de 21 mil pruebas rápidas de covid-19 y otros insumos médicos en la pandemia. Se habría conformado una estructura que movilizó bienes y servidores de la Agencia Metropolitana de Transito (AMT) para obtener beneficios económicos ilegales.

Según la Fiscalía, la compra y venta irregular de las pruebas ocurrió entre marzo y junio de 2020, y se extendió hasta octubre de ese año. 

Los procesados son Abdalá Bucaram, expresidente del Ecuador, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, Sheiman Oren, un extranjero que vendía insumos médicos durante la pandemia, y Leandro Berrones, ex agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Otros dos agentes de la AMT ya fueron sentenciados dentro del caso, ya que junto a Berrones habrían escoltado a Oren desde Quito a Guayaquil con el cargamento con el objetivo de vender las pruebas de covid-19 a Jacobo Bucaram.

Los antecedentes

El 1 de junio de 2020, el australiano Sheiman Oren y el israelí Shy Dahan fueron detenidos en un operativo en la vía La Libertad-Salinas, en la provincia costera de Santa Elena.

Ambos tenían 100 mil dólares en efectivo y documentos de identidad falsificados en el auto en el que iban. Según un reportaje de Teleamazonas, los extranjeros se hacían pasar por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). 

Según la Fiscalía, en ese entonces Dahan era buscado por la Interpol en Argentina, Panamá, Israel y Estados Unidos por “delitos contra la propiedad”.

Tras la detención, los llevaron a la Unidad Judicial de Salinas. La Fiscalía y la policía allanaron el departamento donde se hospedaban los extranjeros en Bahía Chipipe, en el cantón Salinas. Allí encontraron 212 mil dólares, 385 euros y otros documentos de identificación presuntamente falsos. 

Tres días después, el 4 de junio, la Fiscalía los procesó por presunta falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito privado. 

El juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, dictó prisión preventiva para ambos. Cuando los detenidos rindieron sus versiones, Dahan dijo que obtuvieron el dinero luego de vender pruebas rápidas de covid-19. 

Según Dahan, uno de los compradores habría sido Jacobo Bucaram Pulley, quien en ese entonces ya era investigado por presunta asociación ilícita por la venta de medicinas a los hospitales públicos del país, y por el presunto transporte y comercialización, y tráfico de bienes de patrimonio cultural. 

Dahan dijo que Oren fue a la casa de Abdalá Bucaram, en la ciudadela Kennedy, en el norte de la ciudad portuaria de Guayaquil, para hacer “el negocio”. Mientras que Oren dijo que Jacobo Bucaram les habría entregado 321.600 dólares en una maleta a cambio de los insumos médicos. 

Al momento de rendir las versiones, Jacobo Bucaram estaba en Colombia, prófugo de la justicia ecuatoriana por los procesos antes mencionados.

El 3 de junio de 2020, por un caso de presunto peculado en la compra de insumos médicos en hospitales públicos en la pandemia, en el que estaban involucrados Dalo Bucaram, su esposa —la ex presentadora de televisión Gabriela Pazmiño— y su hermano Michel, la Fiscalía allanó la casa del expresidente Abadalá Bucaram Ortiz. 

En la casa, la Fiscalía encontró cinco mil mascarillas y dos mil pruebas rápidas de covid-19.

Luego, tras las versiones de los extranjeros y el allanamiento a la casa de Bucaram, la Fiscalía presentó cargos contra Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo, por el delito de delincuencia organizada.

Dos meses después, el 10 de agosto de 2020, mientras Oren y Dahan esperaban a la audiencia preparatoria de juicio, Dahan fue asesinado en un ataque en la Penitenciaría y en el mismo ataque Oren fue golpeado.

El 12 de agosto de 2020, Abdalá Bucaram fue detenido y vinculado a la investigación por el presunto delito de delincuencia organizada. 

Un día después, una jueza dictó arresto domiciliario para Bucaram, quien entonces tenía 68 años, y prisión preventiva para Klever Armijos, Jhony Solís y Leandro Berrones, entonces funcionarios de la AMT de Quito, por el caso.  

El 26 de septiembre de 2020, Jacobo Bucaram fue vinculado al proceso y la jueza le dictó prisión preventiva y ordenó la retención de fondos. Un día antes, Jacobo Bucaram había sido expulsado de Colombia, donde estaba escondido debido otros procesos penales. 

Según la Fiscalía, Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y los tres funcionarios de la AMT habrían conformado una estructura delincuencial para vender pruebas rápidas para detectar covid-19 e insumos médicos, sin facturas y sin pagar impuestos al Estado, en la pandemia. Los agentes de la AMT habrían escoltado a Oren desde Quito a Guayaquil hasta la casa de Bucaram para venderle las pruebas. 

Más vinculaciones, suspensiones, sobreseimiento y llamamiento a juicio

En noviembre de 2020, la Fiscalía vinculó a cuatro personas más a la investigación, en la que ya estaban vinculados Abdalá y Jacobo Bucarám y los tres agentes de la AMT. Al caso se sumaron el australiano Sheiman Oren, su pareja Orietta Marengo, quienes tenían los insumos médicos en su departamento en Quito, y también a Bryan Pérez y su esposa Verónica, que eran vecinos de Oren y Marengo en la capital. 

Según una investigación del portal Código Vidrio, los extranjeros se volvieron “muy buenos amigos de Bryan y su esposa” y pactaron algunos negocios con ellos. Sin embargo, la pareja fue estafada por los extranjeros que no pagaron el dinero que les habían prestado para un negocio —que también tenía que ver con la compra y venta de insumos médicos.

En la audiencia de vinculación del 12 noviembre de 2020, una jueza de Garantías Penales ordenó prisión preventiva para los extranjeros Oren y Marengo, mientras que a Paredes y González dispuso presentaciones semanales en la Fiscalía y prohibición de salida del país.

También ordenó la retención de cuentas por 16 mil dólares y la prohibición de enajenar bienes hasta por 49.222 dólares, para cada uno de los vinculados. 

Con ellos ya eran 9 procesados.

Sin embargo, en diciembre de 2020, en medio de las elecciones ordinarias de 2021, el proceso contra Abdalá Bucaram se suspendió unos meses, ya que en ese mes el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó un recurso subjetivo contencioso electoral y aceptó la inscripción de la lista de candidatos del partido Fuerza Ecuador a la Asamblea Nacional, encabezada por Abdalá Bucaram, para las elecciones de 2021. Los candidatos a puestos de elección popular gozan de inmunidad hasta las votaciones y la proclamación de resultados.

Mientras tanto, el 15 de abril de 2021 se debía instalar la audiencia preparatoria de juicio contra los 9 procesados. Sin embargo, no se instaló porque los abogados de Abdalá y Jacobo Bucaram comparecieron en otro proceso en Guayaquil y solicitaron el diferimiento de la audiencia, que la jueza aceptó. 

La jueza dispuso que la audiencia fuera el 22 de mayo, pero una vez más los Bucaram la recusaron y se pospuso para el 8 de junio de 2021. 

La audiencia que sí se dio ese 15 de abril fue la del procedimiento abreviado—cuando los procesados aceptan su responsabilidad—al que se sometieron de Klever Armijos y Jhony Solís, agentes metropolitanos de tránsito de Quito, ambos fueron sentenciados a cinco años en prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada. 

La jueza de Garantías Penales, María Elena Lara, también ordenó el pago de una multa de 15 salarios básicos unificados, es decir, 6.000 dólares cada uno, en ese entonces. El 13 de octubre de 2021 un Tribunal de Apelación cambió la sentencia de cinco años de Armijos y Solís y les impuso una pena de tres años y cuatro meses.

El 30 de abril de 2021, el CNE proclamó los resultados oficiales, Abadalá Bucaram no fue elegido y el proceso por la compra y venta irregular de pruebas de covid-19 se reanudó.

El 4 de junio de 2021, cuatro días antes que se instale la audiencia preparatoria de juicio, un tribunal de la Corte de Justicia del Guayas aceptó una acción de hábeas corpus—poder seguir el proceso en libertad—presentada por la defensa de Abdalá Bucaram y la orden de arresto domiciliario fue reemplazada por la presentación periódica ante una autoridad, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. 

El 8 de junio, la audiencia preparatoria de juicio se instaló, pero se suspendió ese mismo día porque una de las defensoras públicas de los procesados “no estaba preparada para hacerlo”, según el comunicado de la Fiscalía.

El 28 de junio de 2021, Verónica Medina, jueza de Pichincha, declaró la nulidad del proceso contra el expresidente Bucaram y su hijo Jacobo y ordenó que regresara a la etapa de investigación previa. Según la jueza, Jacobo Bucaram no le habían notificado sobre la investigación previa. La Fiscalía apeló la decisión.

El 26 de julio de 2021, en la audiencia de apelación, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la nulidad y el proceso continuó.

El 16 de septiembre de 2021 se instaló finalmente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 7 procesados, ya que los dos agentes de la AMT que se sometieron al procedimiento abreviado ya habían sido sentenciados. 

La Fiscalía solicitó que los 7 fueran llamados a juicio en calidad de autores “por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada”.

El 4 de octubre de 2021, el juez de garantías penales, Giovanny Freire, llamó a juicio a Sheinman Oren, Orietta Marengo, pareja de Oren, y al exagente de tránsito de la AMT, Leandro Berrones, 

Y sobreseyó —es decir, dejó libre de cargos— a Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo porque, según Freire, la Fiscalía no había podido probar la participación de los Bucaram en el caso. También sobreseyó a Bryan Pérez y su esposa Verónica.

Sin embargo, al día siguiente, la Fiscalía apeló a la decisión del juez. 

El 15 de diciembre de 2021, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el recurso de apelación de la Fiscalía. Ese mismo día, el tribunal llamó a juicio a Abdalá Bucaram Ortiz y a Jacobo Bucaram Pulley y ratificó el estado de inocencia de Bryan Pérez y su esposa Verónica. 

La audiencia de juicio

En 2022 y 2024 se intentó instalar la audiencia de juicio por delincuencia organizada contra los cuatro procesados que quedaban: Abadalá Bucaram, Jacobo Bucaram, Leandro Berrones y Sheinman Oren, pero por distintos motivos nunca pasó. 

Algunos motivos fueron pedidos de diferimiento de la audiencia por parte de los abogados de Abdalá Bucaram y de los procesados. En uno de los intentos se declaró fallida la audiencia porque el abogado de Oren pidió que “se convoque a un perito traductor” para Oren, según la Fiscalía.

La audiencia se intentó instalar al menos 7 veces entre esos tres años. 

El 11 de abril de 2025, el Tribunal, en la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitadas por Abdalá Bucaram y Sheinman Oren, ratificó las medidas de Bucaram y Oren de presentaciones periódicas, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país. 

Oren desde el 20 de octubre de 2021 tenía prohibición de salida del país, ya que en esa fecha la Fiscalía había solicitado que se revisaran las medidas cautelares en su contra, ya que la medida de prisión preventiva estaba por caducar.

Finalmente ese mismo día se instaló la audiencia de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el ex agente de la AMT, Leandro Berrones y el extranjero Sheinman Oren procesados por delincuencia organizada.

La Fiscalía dijo que durante la audiencia probará que entre marzo y agosto de 2020, los procesados conformaron una estructura delictiva que obtuvo dinero de la venta de 21 mil pruebas rápidas de covid-19 y otros insumos médicos durante la pandemia. Y que para hacerlo, habrían movilizado bienes y servidores públicos de la AMT “cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman Oren y Shy Dahan para el traslado de las pruebas hasta Guayaquil”.

Luego del alegato inicial de la Fiscalía la audiencia se suspendió hasta el 14 de abril. 

Desde el 14 de abril la Fiscalía está presentando las pruebas contra los procesados al igual que los testigos del caso. 

El 16 de abril, en el cuarto día de audiencia, la suspendieron. Hasta el 23 de abril no tiene fecha de reinstalación.