Los desplazados por la minería ilegal en Ecuador

A esta hora, hoy, Alberto debería estar sentado en la puerta de su casa elevada de bambú o recostado en su hamaca escuchando los ruidos de una selva sana y bulliciosa. Así lo había planificado. Sin embargo, la ambición, la corrupción, la violencia y la impunidad, esfumaron sus ideas de vejez. 

A esta hora, hoy, un domingo de febrero de 2025, Alberto llega, con su andar pesado y tres carpetas viejas y húmedas llenas de papeles, al lugar del encuentro en el que, por varias horas, en diferentes días, contará lo que sucedió en su paraíso amazónico que está siendo arrasado por la minería ilegal.

Alberto no se llama Alberto. Pero su nombre debe ser resguardado, como los detalles de su vida, desde que comenzó a denunciar lo que pasaba en la zona del río Punino, en los límites entre Orellana y Napo, dos provincias que también limitan con Colombia. 

Alberto era chofer de camiones. Entre tantos viajes, llegó a conocer un lugar en el que había ríos transparentes, seis cascadas y un enorme bosque amazónico primario con todo tipo de animales exóticos. Alberto se hizo amigo de las comunidades kichwa asentadas a orillas del río Sardinas, del río Punino y demás vertientes de agua que brotaban como maná. 

Los nativos le mostraron su farmacia natural, sus rituales, sus casas elevadas de madera para evitar ser atacados en las noches por animales como jaguares, serpientes y todo lo inimaginable que puede vivir en un bosque primario. 

Esta zona a la que llegó Alberto está entre dos áreas protegidas: el Parque Nacional Sumaco Galeras y el bosque protector Municipal El Chaco. Alberto encontró allí una oportunidad para jubilarse. Pagó 10 mil dólares por unas hectáreas, a una familia kichwa, en la parroquia San José de Guayusa, cerca del pueblo General Guarmi. Su tierra colindaba con la comuna Mushu Llacta al sur y con el Parque Nacional Sumaco Galeras al norte.

Casi dos años después de la compra, Alberto fue a cumplir su sueño. Levantó las bases de su casa de bambú, sus paredes, sus escaleras. Vivió allí por siete años. Durante ese tiempo conoció a otras familias mestizas que habían ido a la zona del río Punino casi por el mismo llamado de paz que él recibió.

Entre mestizos e indígenas vivían en armonía. Crearon la Asociación de trabajadores indígenas agropecuarios General Guami, que sería un hotel turístico en el que ofrecerían caminatas, recorridos en lancha, observación de aves dentro de esa maravilla llamada Amazonía. La asociación, de siete familias, logró tener personería jurídica. 

Todo esto recuerda Alberto con nostalgia, entre pausas largas, con una voz casi imperceptible para la grabadora que tenemos en la mesa junto a dos tazas de café humeantes que suavizan el miedo a contar. “Allá ya no hay esperanza de nada” dice con los ojos bravos medio escondidos debajo de su gorra.

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“La parte roja es la parte de la provincia de Orellana donde vive el compañero Alberto y su familia” escribió por WhatsApp, un año atrás del encuentro con Alberto, otro habitante de la zona del Alto Punino cuyo nombre también es reservado. Enseguida compartió la foto de un plano y otras que para ellos son pruebas del avance de la minería ilegal. 

Levantamiento planimétrico de la zona de la asociación agropecuaria Cascadas del Río Punino en 2018.Toda esa zona era bosque primario, ahora son frentes mineros ilegales. Fotografía cortesía de pobladores.

“Y todo esto está destrozado por los mineros ilegales y está terminando con la flora y fauna Amazónica. Y son cómplices las mismas autoridades de Orellana y según se sabe que hasta políticos de la provincia de Sucumbíos están involucrados en la destrucción del área de este bosque protector del parque nacional Sumaco”, escribió el vecino de Alberto. El hombre, hace un año, dio su nombre completo para la entrevista. Hoy, por miedo, prefiere que no se sepa quién es. 

La expansión voraz de la minería ilegal en la zona del río Punino es estudiada por Monitoring of Andean Amazon Project (MAAP), una organización parte de la ONG EcoCiencia, que mapea el uso de suelo y los cambios que se dan en Ecuador a través de imágenes satelitales. 

Esta región fronteriza es particular porque está entre dos áreas protegidas y no hay una sola concesión minera registrada por el Estado. Es decir, toda la extracción de oro en esa zona es ilegal.

Mapa de la deforestación por minería.

De acuerdo al seguimiento de los técnicos de MAAP, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021 la minería se expandió en 32 hectáreas. Entre 2021 y 2022, se destruyeron 185. En 2023 la cifra se disparó: la minería ilegal creció en 784 hectáreas. Y, en los primeros seis meses de 2024 ya había devorado 420 hectáreas más. 

Es decir que en 5 años en el paraíso de Alberto y otras familias, la minería ilegal arrasó con 1.422 hectáreas, lo equivalente a 3.500 piscinas olímpicas. 

Uno de los especialistas de sistemas de información geográfica y sensores remotos de Fundación EcoCiencia dice que comenzaron a hacer el análisis geográfico en 2021, junto con la Fundación Río Napo, como un monitoreo de rutina. “Tiempo después, en 2023, revisando las imágenes satelitales nos dimos cuenta que efectivamente la actividad se disparó completamente y fue subiendo exponencialmente en estos años”. 

En el último informe, MAAP ya alerta no solo del crecimiento de la minería sino de los impactos en comunidades indígenas y la contaminación de otros ríos que se alimentan del Punino. “Hemos visto que la minería ha ido avanzando hasta llegar a las partes más bajas del Punino. Todo este impacto llega al río Payamino y a otras cuencas hidrográficas que van a la ciudad de Coca directamente, impactando directamente a esa población. Entonces, hay que ver también el contexto hídrico porque hay un impacto bastante fuerte”, dice el especialista de MAAP.

En su último informe, la organización también alerta de la creación de carreteras posiblemente ilegales dentro de las áreas protegidas.

¿Quiénes minan en Punino?

Alberto quiere mostrar las hojas amarillentas y manchadas que están dentro de la carpeta verde que lleva consigo. Tiene miedo de abrirla en la mesa de la cafetería donde conversamos. Salimos y nos sentamos en una banca al fondo del pequeño centro comercial del norte de Quito.

Una de las primeras hojas tiene la foto de una casa de madera destruida. Era su casa. Dice que destrueyeron casi una decena más. “Porque si uno no hace lo que dictan los verdes, está poniendo en riesgo su vida”, dice Alberto.

“Los verdes” son miembros de grupos guerrilleros colombianos.

Casa destruida de Alberto. Fotografía cortesía de pobladores.

Alberto y la organización agropecuaria que fundaron entre mestizos y kichwas y fue reconocida en 2016 buscaban que se respetaran los límites de los bosques protectores aledaños a las 6 cascadas donde querían levantar un proyecto de turismo comunitario. Entre las hojas manchadas de lo que parece café, Alberto muestra los estatutos de la organización aprobados por el ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay una lista de los 23 socios con sus números de cédula. 

En la carpeta también hay dos denuncias al Ministerio de Ambiente por la presencia de actividades ilegales y de deforestación. Hay otro papel de cuando la asociación agropecuaria pidió al Ministerio de Ambiente que incluyera a estas tierras en la categoría de comunales; y otro documento, en el que la oficina del Ministerio en la provincia de Orellana rechazó la solicitud y pidió la salida de las 50 personas de la “Asociación de trabajadores indígenas agropecuarios General Guami”. 

Como sus tierras están entre dos provincias, Alberto y los demás vecinos pidieron a la dirección del Ministerio de Ambiente de la provincia de Napo, que les permitieran ser guardias comunitarios de la zona del río Punino e impulsar el turismo para tener un ingreso para las familias.

Este pedido fue enviado en 2022 cuando la minería ilegal abarcaba 185 hectáreas. 

“Cuando venga a ese territorio, podrá leer los trámites que se han hecho y las autoridades no han hecho nada y se han convertido en cómplices y encubridores”, escribió otro vecino de Alberto, víaWhatsApp. Esta persona dijo que fue amenazada, “perseguida con machete” por denunciar lo que estaba pasando en Punino, donde cada vez son más las tierras destruidas por retroexcavadoras. 

En 2024, dos días después de conversar por teléfono con esta persona que fue amenazada, el Ejército Ecuatoriano dijo que hubo un enfrentamiento con guerrilleros de un grupo ilegal armado dentro de un campamento en el que encontraron fusiles, pistolas, municiones, escopetas y otros objetos y dinero.

🚨📢𝐔𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄

Noticia en desarrollo..

𝑬𝒏𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒓𝒔𝒆 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒈𝒖𝒆𝒓𝒓𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓𝒐

Las @FFAAECUADOR, a través del Recon de la IV División de Ejército Amazonas, con información de inteligencia militar,… pic.twitter.com/9FgQr8Bzi9

— Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) February 15, 2024

“Son los verdes. Son los de la montaña”, repite Alberto, casi susurrando por temor. Se refiere a los grupos guerrilleros que entraron en la zona de Punino y de la que tienen, a decir de Alberto, absoluto control. “Ellos no tienen miedo de Dios” dice una y otra vez. Alberto recuerda que en ese paraíso en el que vivía comenzaron a encontrar cadáveres. “Como esa pareja que solita había llevado una retroexcavadora y ha estado sacando oro, y de un momento al otro los encontraron muertos”.

Alberto dice que lo que eran árboles, ríos transparentes, un frondoso bosque, ahora es lodo que “en época de lluvia le puede llegar más arriba de la cintura”.

Alberto dice que las cosas se volvieron bastante estrictas “Usted sabe que ellos no tienen problema con nadie. Si no quiere hacer lo que le piden ¿qué pasa? Entrega su vida. Es lo más crítico.” 

La mayoría de las familias salieron. Dejaron sus casas, sus tierras, muchas que tenían cultivos ahora son solo lodo. Alberto habla de un vecino que tenía una cafetera, y tuvo que entregar su finca a la minería ilegal. De lo extraído de oro, el 70% se llevaban los mineros, el 15% se quedaba con el dueño de la finca y el 15% se lo daban a “los verdes”.

Alberto también se fue. Dice que lo perdió todo. Le tocó empezar de nuevo en otra ciudad. Un familiar se quedó en Punino. Para irlo a ver, tiene que entregar “a los verdes” su teléfono a la entrada del poblado. 

“Es triste el tema”, dice Alberto en un segundo encuentro en el mismo centro comercial del norte de Quito. Sigue en Quito porque tuvo complicaciones de salud y está recibiendo el tratamiento aquí. Alberto, está vez con la voz un poco más confiada, dice que con los verdes entraron traficantes de tierra, que cobran, extorsionan y matan. 

Solo en febrero de 2025, asegura Alberto, hubo una balacera que dejó más de 30 muertos. Pero nada de eso se sabe, ni se debe saber. 

“No, no señorita. Allá no hay periodismo. Digamos que usted va a allá porque quiere contar lo que pasa. Puede pensar que hará lo correcto, ellos le dirán que no saque nada. Aunque usted quiera, deberá doblegarse, porque si no se hace como quieren, los matan. Los verdes no tienen temor a Dios”, dice el señor. 

Alberto dice que los grupos armados irregulares colombianos tiene el mismo uniforme que los militares ecuatorianos. La diferencia es “el sello que llevan en el brazo”.

“Yo solo quería tener una vida en el campo, aunque se sufre también, pero quería una vida digna. No la conseguí”, dice Alberto mientras sigue cargando esas carpetas verdes como recuerdo de lo cerca que estuvo de esa ansiada jubilación.

No denunciamos por miedo

“Se están escuchando tiros desde la loma. Suena así como fusil. Suena así, feísimo. Que ahora están ahí los mineros, dicen. Es hasta peligroso aquí”, dice un mensaje de voz de un niño que, asustado, avisó a sus familiares de una balacera que ocurrió la noche del domingo 16 de marzo de 2025 en la zona de Jatunyaku, en Napo. 

“Entre las diez y once de la noche recibimos las alertas desde dos comunidades. Sobre todo, de familias que habían escuchado una balacera en la parte de atrás del barrio Naranjalito”, dice Pepe Moreno, presidente del Consejo de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Napo.

El río Jatunyaku es conocido porque en 2022 aguas abajo 2 mil mineros ilegales destruyeron más de 100 hectáreas de bosque y río. Tardaron cerca de tres meses y lo hicieron sin que las autoridades como alcaldes, gobernadores, prefectos reaccionaran. Un grupo de defensores de la naturaleza denunciaron apenas vieron que cuatro retroexcavadoras estaban entrando a remover el río. La noticia se viralizó cuando eran 148 máquinas sobre piscinas de agua muerta.

“Hace más o menos un mes que nos vienen amenazando, entre los mineros y los mineros a la gente. Incluso contra los señores de la tierra mismo, ya que les dijeron que, si no les dejan lavar el oro, iban a acabar con las familias o algo así”, dice, luego de la balacera, un poblador de la zona de Jatunyaku, en un audio de WhatsApp. No han denunciado este ni otros hechos porque están amenazados. 

Las coordinadas donde ocurrió la balacera, según una búsqueda en Google Maps y luego el Geoportal del catastro minero ecuatoriano, se dio dentro de la concesión minera Victoria 2 de Blackpearl Mining. Esta empresa tiene 3 concesiones: Victoria 1, Victoria 2 y Cathy.

La balacera fue en Victoria 2. Esta concesión no tiene permisos para explotación minera, solo para exploración. Sin embargo, en vuelos de dron hechos por la organización Napo Ama La Vida se ven piscinas de lavado de oro, máquinas y espacios de selva deforestada.

Pedimos información sobre la falta de permisos para la extracción al Ministerio de energía y minas y a la asesora sociopolítica de la empresa pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta. 

Para Pepe Moreno, del Consejo de Derechos Humanos, este tipo de violencia que monitorean como organización va en aumento y preocupa especialmente a las familias de las comunidades por el ambiente en el que están creciendo niños, niñas y adolescentes.

Caso Chontapunta y Chiripuno

Un hombre de mirada joven, vestido de verde, encapuchado, cargando un fusil y haciendo gala de otros 4 fusiles más sobre una pared crema y llana, grabó un video que fue compartido por redes sociales, chats y medios de comunicación. “Buenas tardes señores de la comunidad de Chiripuno y Chontapunta. Nosotros somos Comando de la Frontera. El mensaje es para pedirles que por favor quiten esos retenes de allá. Porque nos van a ver obligados a matarlos a todos los que colaboren en eso. Debido a que hay unos compañeros que están perdidos en el monte por culpa de ustedes. Si ustedes no colaboran, nos van a ver obligados a ir de casa en casa, de comunidad en comunidad matando a algunos de ustedes por colaborar en cosas que no les interesa. El señor que murió en el Tena falleció por problemas de narcotráfico. El nos debía droga y no nos quiso pagar. No se metan en problemas ajenos sino nos van a ver obligados a atacar la comunidad”.

#Napo #sicariato #Tena #MineriaIlegal

La minería ilegal y el narcotrafico van de la mano en Napo

Ayer hubo un asesinato tipo sicariato en Tena. Un hombre presuntamente vinculado a la minería ilegal fue asesinado por dos motociclistas. Hoy el “Comando de la Frontera”… pic.twitter.com/z78EmOQ4TE

— BitacoraAmbiental (@BitacoraEc) January 19, 2025

El día anterior a ese mensaje, 18 de enero de 2025, hubo detonaciones en el centro de la ciudad de Tena, en la provincia de Napo, que mataron a un hombre que estaría presuntamente relacionado con la minería ilegal. Los dos sicarios, jóvenes de 20 años, habrían escapado en una moto y se habrían perdido en la zona de Chontapunta. 

Esta comunidad dedicada a la agricultura, mayoritariamente indígena, amaneció envuelta en medio de un conflicto armado. Por miedo, varias familias decidieron dejar sus casas, según el diario Extra.  Otras, se encerraron a grabar por los filos de las ventanas a las personas extrañas que pasaban por sus caminos de tierra. 

A un mes de las amenazas, algunas familias volvieron a Chontapunta y otras comenzaron una nueva vida en casa de familiares en otras zonas o en la ciudad de Tena. Nadie quiere hablar, no quieren ser citados con sus nombres reales. Dicen que “ya está todo bien” o “mejor no decir nada”. El miedo y el silencio invadió a las dos comunidades que están siendo abandonadas.

En el cantón Carlos Julio Arosemena Tola ocurre algo parecido. Allí están casi el 80% de las concesiones mineras de la provincia de Napo. Héctor Tixe, activista y defensor de los derechos humanos y miembro de Napo Ama La Vida, vive allí. “En una propiedad, cuando una persona no quiere vender para que se realice la minería, hay grupos organizados que amenazan. Aquí hay grupos de delincuentes que se dedican a amenazar a la gente y a maltratarlos, insultarlos y les hacen salir a la fuerza. Les hacen salir de la tierra a la fuerza porque ya hay grupos que se dedican netamente a hacerles la vida imposible. Les cortan la luz, les cortan el agua, amenazan a los niños, a los hijos, a los padres. Entonces, de una forma violenta les sacan de sus territorios”, dice Tixe.

Héctor Tixe va y viene de su tierra a Quito para participar y escuchar conferencias sobre la defensa de los ríos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Lleva un sombrero de paja toquilla y una camisa blanca. Recuerda datos de memoria, conoce todo lo que ocurre en su cantón. Ha firmado varias denuncias y demandas al Estado por la falta de control de la minería ilegal. 

Tixe es un desplazado de su propia tierra. Por amenazas, tuvo que salir más de seis meses fuera del país. Habla de lo difícil que es tener que dejar su casa. Tener miedo, vivir sin esa paz que es, o era, uno de los sellos de la Amazonía. 

¿Te imaginas tener que salir de tu casa sin quererlo?

“En el campo nosotros podemos tener libremente una gallina, podemos tener nuestros huertos, nuestros animales, ¿no? En cambio, si sale a la ciudad hay que pagar un arriendo, ya no se puede tener un animal, ya no se tiene la libertad como se tiene en territorio. Para nosotros es súper duro. En mi caso, yo no me acostumbro a la ciudad. Siempre extraño, digo, si estoy en mi propia casa, nadie me dice nada, puedo tener mis animales. Para nosotros es duro acostumbrarnos y también es preocupante porque nuestros hijos salen a la ciudad, crecen en la ciudad y ya no quieren regresar al territorio. Nosotros queremos regresar, pero los hijos ya no”, dice Elizabeth Durazno, defensora de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza. 

Durazno es oriunda de Río Blanco, que está en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, en la sierra ecuatoriana. Este poblado convive junto a un proyecto minero paralizado desde 2018, sin que la violencia haya parado. Esta comunidad ha sido portada de medios nacionales e internacionales porque interpuso una acción de protección contra el Estado ecuatoriano porque la empresa china EcuaGoldmining S.A. no cumplió la consulta previa, libre e informada antes de comenzar a minar. 

Ganaron la sentencia en primera y segunda instancia. En 2018 un juez decidió suspender las actividades extractivas en la zona. “Sin embargo, sabemos que está enlazado el tema de la minería ilegal con, entre comillas, minería legal. Para nosotros es igual legal o ilegal porque dejan destruyendo de la misma forma. Pero en este caso las empresas mineras se han encargado de hacer sociedad entre ellos o lograr algún convenio entre la minería ilegal y grupos armados”, dice Elizabeth Durazno.

En 2022 Alba Bermeo, defensora de la comunidad y compañera de Elizabeth, fue asesinada.  

La Constitución de 2008 garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada pero, según la académica Giannina Zamora, la normativa permite que, en ausencia de consentimiento, se imponga la decisión gubernamental por “interés nacional”, poniendo en riesgo la autonomía indígena y la efectividad de sus procesos de consulta”.

En Río Blanco, Azuay, sienten que corren un gran riesgo por lo que “les toca estar vigilantes completamente de los territorios”. Elizabeth Duzano dice que han sufrido “persecución por parte del Estado a las personas defensoras para criminalizar lanzando o tildándonos como terroristas o delincuentes organizados, por lo general”. Por su resistencia, han aparecido en videos falsos para tildarlos de terroristas. 

Elizabeth dice que va casi todas las semanas a su casa en Río Blanco. Pero no duerme allí por miedo. Dice que han entrado a su casa en lo que ha parecido un robo para luego confirmar que la razón no era esa.

Estos conflictos han hecho que los comuneros vayan y vengan de sus casas. Luchan y se acomodan a largos viajes para no romper ese lazo profundo que tienen con la tierra.

Este reportaje se realizó gracias al apoyo de la beca de La Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana. 2025